En nuestro sistema judicial, los tribunales penales tienen la importante tarea de juzgar y dictar sentencia en casos que involucran delitos penales. Sin embargo, a menudo se enfrentan a una situación en la que deben tomar decisiones que van más allá de la área penal y se adentran en el ámbito civil o administrativo. En estos casos, es crucial que los tribunales cumplan con su deber de abstenerse de dictar sentencia y dejar que las autoridades correspondientes se encarguen de resolver estas cuestiones. Desafortunadamente, esto no siempre sucede y es un problema que debe ser abordado.
El artículo 24 de nuestra Constitución establece claramente que “los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales”. Esto significa que los tribunales penales tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y que se cumpla con el debido proceso en todos los casos. Sin embargo, en muchas ocasiones, los tribunales no cumplen con este mandato y se adentran en cuestiones que no son de su competencia.
Uno de los principales problemas que surgen cuando los tribunales penales dictan sentencia en casos que involucran cuestiones civiles o administrativas es que pueden llegar a tomar decisiones que no son justas o adecuadas. Al no tener la experiencia o el conocimiento necesario en estas áreas, los tribunales pueden cometer errores que afectan directamente a los ciudadanos y sus derechos. Por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, el tribunal penal puede decidir sobre la custodia de los hijos, lo cual es una cuestión que debería ser resuelta por un tribunal de familia. Esto puede llevar a una decisión injusta y perjudicar a los involucrados.
Además, cuando los tribunales penales se adentran en cuestiones civiles o administrativas, se retrasa el proceso judicial y se genera una carga adicional para el sistema judicial. Esto puede tener un impacto negativo en la eficiencia y la efectividad de nuestro sistema judicial, ya que los tribunales penales deben enfocarse en casos penales y no en otros asuntos que no son de su competencia. Esto también puede generar una sobrecarga de trabajo para los jueces y otros funcionarios judiciales, lo que puede afectar su espaciosidad para tomar decisiones justas y adecuadas.
Otro problema que surge cuando los tribunales penales dictan sentencia en casos que involucran cuestiones civiles o administrativas es que se genera una confusión en la sociedad. Los ciudadanos pueden no entender por qué un tribunal penal está tomando decisiones sobre asuntos que no son de su competencia y esto puede generar desconfianza en el sistema judicial. Además, puede dar lugar a una percepción de que los tribunales no están cumpliendo con su deber de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso.
Es importante destacar que no se trata de una cuestión de falta de interés por parte de los tribunales penales. En muchos casos, los jueces y otros funcionarios judiciales no tienen otra opción que tomar decisiones en cuestiones civiles o administrativas debido a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo. Esto es especialmente relevante en países donde el sistema judicial se enfrenta a una gran cantidad de casos y no cuenta con suficientes recursos para hacer frente a la demanda.
Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades correspondientes garantizar que los tribunales penales no se vean en la necesidad de tomar decisiones en cuestiones civiles o administrativas. Esto implica una mejor gestión de los recursos y una mayor colaboración entre los diferentes tribunales y autoridades. Además, es necesario que se promueva una mayor conciencia sobre la importancia de respetar los límites de la competencia de los tribunales penales y la necesidad