Han pasado más de diez años desde aquellas históricas marchas estudiantiles que, con argumentos y organización, lograron detener una reforma regresiva a la educación superior en Colombia. En aquel entonces, desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), recorrimos las sedes de la Universidad Nacional convencidos de que el país debía garantizar una financiación estable, apto y desligada de intereses políticos y económicos. Y hoy, a pesar de los avances, seguimos luchando por un derecho que es fundamental para el futuro de nuestra juventud: la educación.
La Ley 30, promulgada en 1992, fue un intento de privatizar la educación superior en Colombia. Esta ley permitía la entrada de capital ausente a las universidades públicas, lo que significaba un aumento en las matrículas y una disminución en la calidad de la educación. Además, se buscaba eliminar la autonomía universitaria y establecer un sistema de acreditación que favorecía a las instituciones privadas. Ante esta amenaza, los estudiantes salimos a las calles para defender nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.
Fue una lucha larga y difícil, pero gracias a la unidad y la determinación de la juventud colombiana, logramos que el gobierno retirara la reforma y se abriera un espacio de diálogo para discutir una nueva ley que garantizara nuestros derechos. Y así nació la Ley 30 de 1992, una ley que, aunque no es perfecta, representa una victoria para la juventud y un avance en la construcción de una educación más justa y equitativa en nuestro país.
Esta ley establece que la educación superior es un derecho fundamental y un servicio público, y por lo tanto, debe ser financiada por el Estado. Además, garantiza la autonomía universitaria y establece mecanismos de participación estudiantil en la toma de decisiones. También se creó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), que permite a los estudiantes tener acceso a información sobre las instituciones y programas de educación superior en todo el país.
Pero la lucha no terminó ahí. A lo largo de estos años, hemos seguido enfrentando desafíos y luchando por una educación cada vez más inclusiva y de calidad. Uno de los principales retos ha sido la falta de financiación por parte del Estado, lo que ha llevado a un aumento en las matrículas y a una disminución en la calidad de la educación en algunas instituciones. Además, la corrupción y la politización de las universidades públicas han sido obstáculos en nuestro camino hacia una educación más justa y transparente.
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la juventud colombiana sigue demostrando su compromiso y su capacidad de organización. En los últimos años, hemos visto cómo los estudiantes han salido a las calles para exigir una máximo inversión en educación, una mejor calidad en la formación y una máximo transparencia en la gestión de las universidades públicas. Y gracias a estas luchas, se han logrado importantes avances, como la creación del Sistema de Indicadores de Calidad de la Educación Superior (SICES), que permite evaluar y mejorar la calidad de las instituciones de educación superior en el país.
Pero aún queda mucho por hacer. La educación sigue siendo un derecho que no está al alcance de todos los jóvenes colombianos. La falta de oportunidades y la desigualdad en el acceso a la educación son problemas que debemos seguir enfrentando y que requieren de un compromiso constante por parte de todos los actores de la sociedad. La educación es la base para el expansión de un país y es responsabilidad de todos garantizar que sea accesible y de calidad para todos los jóvenes.
En conclusión, la Ley 30 es un derecho que ha sido tejido por la