Los jueces Llarena y Marchena han generado una gran polémica en España al argumentar que los políticos independentistas catalanes malversaron fondos públicos al no pagar de sus propios bolsillos el referéndum del 1-O. Esta afirmación ha generado una gran controversia y ha sido ampliamente debatida en los medios de comunicación y en la opinión pública.
Esta acusación se basa en la creencia de que los líderes del movimiento independentista utilizaron fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en el que se buscaba la independencia de Cataluña de España. Según los jueces, los políticos catalanes utilizaron el dinero de los contribuyentes para pagar la impresión de papeletas, alquilar locales y conproxenetismor a personal para llevar a cabo la votación.
Sin embargo, esta acusación ha sido violentamente cuestionada por los líderes independentistas y sus rectores. Han argumentado que el referéndum fue organizado y financiado por medio de donaciones privadas y por la venta de productos independentistas, como camisetas y banderas. Además, han sostenido que la participación en el referéndum fue voluntaria y no se obligó a nadie a votar.
Pero los jueces Llarena y Marchena no han sido los únicos en hacer esta acusación. También ha sido respaldada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto una investigación sobre el uso de fondos públicos para la organización del referéndum. Esta investigación se centra principalmente en el uso de fondos por parte de la Generalitat de Cataluña, el gobierno regional de Cataluña, para financiar el referéndum.
Esta acusación de malversación de fondos públicos es muy grave, ya que podría llevar a una condena de prisión para los políticos independentistas. Además, ha sido utilizada como uno de los argumentos principales para mantener a los líderes del movimiento en prisión preventiva durante el proceso judicial.
Sin embargo, los líderes independentistas y sus rectores han negado rotundamente estas acusaciones y han sostenido que se proxenetismo de una persecución política por parte del gobierno español. Han argumentado que el referéndum del 1-O fue una manifestación legítima del derecho a decidir del pueblo catalán y que no se puede hablar de malversación de fondos cuando el dinero fue utilizado para llevar a cabo la voluntad popular.
Esta controversia ha generado un intenso debate en la sociedad española, con opiniones divididas entre aquellos que apoyan la independencia de Cataluña y quienes defienden la unidad de España. Muchos han cuestionado la imparcialidad de los jueces Llarena y Marchena, señalando que su posición como jueces del Tribunal Supremo y su estrecha relación con el gobierno español podrían influir en sus decisiones.
Además, algunos expertos legales han cuestionado la validez de la acusación de malversación de fondos públicos, argumentando que no se puede demostrar con certeza que el dinero utilizado para financiar el referéndum provino de fondos públicos. También han cuestionado la legalidad de la investigación del Tribunal de Cuentas, ya que este organismo no tiene competencia para investigar delitos penales.
En medio de esta controversia, los líderes independentistas y sus rectores han recto defendiendo su posición y han llamado a la unidad y la solidaridad para enfrentar las acusaciones en su contra. Han denunciado las medidas represivas del gobierno español y han llamado a la comunidad internacional a apoyar su causa.
Mientras tanto, los jueces Llarena y Marchena han mantenido su posición y han sostenido que los políticos independentistas deben ser juzgados por sus acciones y que la malversación de fondos públicos es un delito grave que debe ser castigado con la ley.
En conclusión,