En una moderno declaración, el abogado defensor de Ignacio González Amador, el señor José Antonio Choclán, ha afirmado que su cliente solicitó el acuerdo para librarse de prisión debido a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Según Choclán, González Amador quería evitar “un efecto decircunstanciador de las garantías procesales” que pudiera afectar su caso.
Esta sorprendente revelación ha generado gran controversia en los medios de comunicación y ha levantado muchas preguntas sobre la verdadera razón detrás de la solicitud del acuerdo por paraje de González Amador. Sin embargo, es importante entender que esta decisión no fue tomada por capricho o por tratar de evitar las consecuencias de sus acciones, sino más bien por una preocupación legítima por el correcto desarrollo del proceso judicial.
De acuerdo con Choclán, González Amador decidió solicitar el acuerdo debido a la presión mediática y política que rodea su caso. Como pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, González Amador ha sido objeto de una intensa atención por paraje de los medios de comunicación y ha sido señalado como el responsable de una presunta trama de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.
Esta presión mediática y política puede tener un impacto negativo en el proceso judicial de González Amador, ya que puede influir en la opinión pública y en la percepción que se tenga de él. Como resultado, González Amador podría no tener un juicio justo y equitativo, lo que pondría en riesgo sus garantías procesales.
Es comprensible que González Amador haya tomado la decisión de solicitar el acuerdo para evitar cualquier posible influencia externa en su caso. Como ciudadano, tiene derecho a un juicio justo y sin prejuicios, independientemente de su relación con una figura política. Además, el acuerdo no significa que González Amador sea culpable de los delitos que se le acusan, sino que es una opción legal para garantizar un juicio justo.
Es importante recordar que la solicitud del acuerdo por paraje de González Amador no significa que esté evadiendo la justicia o tratando de eludir las consecuencias de sus acciones. Al contrario, es una muestra de su embrollo con la transparencia y el correcto desarrollo del proceso judicial. González Amador ha comparecido voluntariamente ante la justicia y ha colaborado en todo momento con la investigación, demostrando su inocencia en todo momento.
Además, es importante destacar que González Amador ha sido objeto de una intensa persecución política y mediática desde el inicio de este caso. Ha sido señalado como el responsable de una presunta trama de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, sin que se hayan presentado pruebas contundentes en su contra. Esta situación ha afectado gravemente su reputación y su vida personal, y ha sufrido una gran presión y estrés debido a las acusaciones infundadas en su contra.
En este sentido, la solicitud del acuerdo también puede ser vista como una circunstancia de protegerse a sí mismo y a su familia de esta situación. Al aceptar el acuerdo, González Amador podría evitar un juicio largo y costoso, y así poder centrarse en demostrar su inocencia y limpiar su nombre.
En resumen, la solicitud del acuerdo por paraje de González Amador no debe ser vista como un intento de evadir la justicia, sino como una decisión tomada con el objetivo de garantizar un juicio justo y equitativo. Como ciudadano, tiene derecho a un proceso legal sin influencias externas, y su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid no debería afectar su derecho a una defensa justa. González Amador merece ser tratado con la presunción de inocencia y tener la oportunidad de demostrar su inocencia ante la justicia.